La rebaja de la pensión alimenticia, frente al derecho del alimentante y el principio de igualdad ante la ley

Abstract

El Estado ecuatoriano tiene una doble función con la Constitución del 2008 al convertirse en un Estado constitucional de derechos y justicia, al establecer un derecho de alimentos para los niños, niñas y adolescentes bajo el interés superior del niño como lo establece el Art. 44 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencias, en virtud que es un derecho inherente de cada persona, es por ello que se encuentra contemplado en todas las legislaciones del mundo, además la norma Constitucional en su Art. 13 establece que las personas y colectividades tiene derecho al acceso seguro y permanente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. Este derecho está subordinada a la capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario, la cual se concede este derecho a los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad como regla general, además el mismo Código establece que se puede dar alimentación a una persona hasta los 21 años de edad si el alimentario se encuentra estudiando; lamentablemente en nuestro país el principal beneficiario de este derecho de alimentos son los hijos, en virtud que la norma UT-SUPRA lo reconoce como personas prioritarias y de doble vulneración, la cual afecta a las garantías del Debido proceso y al principio de igualdad ante la ley del alimentante. El Estado ecuatoriano debe garantizar a través de políticas públicas los derechos y deberes de los niños, niñas, adolescentes y de los padres establecidos en la Constitución, sobre la rebaja de pensión alimenticia que debe suministra desde la presentación de la demanda y no desde su resolución en base al principio de ponderación, en virtud que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.