El juramento deferido de los adolescentes

Abstract

La obligación que tienen los jueces como administradores de justicia de garantizar el derecho a la defensa bajo una profunda responsabilidad en la emisión de resoluciones, consterna a las partes procesales, ya que en el caso de lo dispuesto en el artículo 20 inciso tercero del Código del Trabajo, los adolescentes al presentar una demanda, sus solicitudes no podrían ser cuestionadas, lo cual provocaría que los demandados se vean expuestos a una constante indefensión, lo que ha no dudarlo afecta de manera directa derechos y garantías que se encuentran protegidos constitucionalmente. Indispensable resulta que las partes procesales y los juzgadores dentro del proceso, se sientan amparados legal y constitucionalmente, y en el caso de estudio, esto es salvaguardar el principio de contradicción, que es connatural al derecho de legítima defensa. Cuidar el debido cumplimiento de aquello, es hacer prevalecer el debido proceso, en beneficio no solo de los involucrados en el litigio sino de la justicia en general.