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dc.contributor.advisorToapanta Jimenez, Leonardo-
dc.contributor.authorTorres Murillo, Camilo Enrique-
dc.contributor.authorGúzman Torres, Paúl Sebastian-
dc.date.accessioned2021-11-03T00:02:46Z-
dc.date.available2021-11-03T00:02:46Z-
dc.date.issued2021-03-
dc.identifier.otherUSD-DER-PI-001-2021-
dc.identifier.urihttps://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13651-
dc.descriptionTomando en cuenta que “Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es decir, son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano” (Constitución, 2008). Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADs), en ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución y la ley, tienen la facultad de iniciar de oficio o por denuncia presentada, un expediente administrativo para investigar y establecer las correspondientes sanciones a los infractores de las ordenanzas municipales, tales como las que sirven para controlar las construcciones del cantón, en apego al ordenamiento territorial diseñado por el GAD Municipal. La mayor parte de los administrados no conocen las infracciones administrativas previstas en el ordenamiento jurídico seccional, determinándose diversos preceptos que se encuentran sancionados con la imposición de multas, iniciado el proceso administrativo recién el ciudadano cuando es citado con el auto de inicio se da cuenta que tal o cual conducta constituye una contravención lo que hace de este tema un estudio de suma necesidad para la comunidad.es_ES
dc.description.abstractSe desarrolló estableciendo reglas claras que existen para la aplicación adecuada de las garantías básicas del debido proceso, en lo principal la aplicación de sanciones atendiendo el principio de proporcionalidad, puesto que dentro de los procedimiento administrativos deben aplicarse circunstancias atenuantes, como el caso del Código Orgánico Administrativo (COA); que, con relación a nuestro tema indica que se deben aplicar circunstancias que atenúen las penas e inclusive se realicen las exenciones que la ley establezca; las mismas debe establecer a través de la expedición de las ordenanzas municipales, y, en este sentido también sirvió para determinar la falta de aplicación del derecho constitucional establecido para los administrados, específicamente en el cantón Santo Domingo, puesto que a través de la aplicación del método de investigación, se llegó a establecer que no se ha desarrollado a través de un acto normativo, el derecho a aplicar la proporcionalidad materializada en circunstancias atenuantes, en este sentido se ha elaborado un proyecto de ordenanza municipal, para que de ser el caso, la máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, lo acoja y a su vez ponga en consideración del respectivo Concejo Municipal, para su conocimiento, y aprobación, el mismo que una vez sancionado, será publicado en el Registro Oficial, para que sirva como instrumento jurídico para la aplicación de circunstancias atenuantes en los procedimientos administrativos sancionadores.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectORDENANZA MUNICIPALes_ES
dc.subjectSANCIÓN INFRACCIÓNes_ES
dc.titleProyecto de ordenanza municipal que regule las reducciones de las sanciones por infracciones en el cantón Santo Domingoes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Appears in Collections:Proyecto Integrador de Fin de Carrera de Abogado (a) de los Tribunales de la República

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