"Tarifas administrativas en el servicio de mediación frente al derecho de acceso gratuito a la justicia "

Abstract

La demanda de conflictos legales en el Estado Ecuatoriano ha crecido de manera vertiginosa, es por ello que se implementó la Ley de Arbitraje y Mediación (2006), “la mediación es un procedimiento de solución de conflictos para el cual, las partes, son asistidas por un tercero neutral llamado mediador, donde se procura un acuerdo voluntario, es de carácter extrajudicial y definitivo”. En el año 2008, se dio paso y vigencia a una Constitución garantista la cual de manera textual establece como derecho de protección en el art. 75 “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito de la justicia”, pero el problema reside con la vigencia del Reglamento de Fijación de Costos Administrativos para el Servicio de Mediación (2015), donde se establece un pago de 20 dólares para iniciar el proceso, posterior, ya sea en la primera o segunda audiencia se debe cancelar otro valor de acuerdo a la tabla de tarifas de costos administrativos los cuales dependen de la cuantía del proceso. Es importante resaltar, que los pagos en su totalidad son realizados por el solicitante, donde existe una desigualdad de gastos para las partes, lo que vulnera el derecho de igualdad. Como parte de la problemática en el proceso N.º 120101-2019-00192, no se logró mediar ya que la tarifa en base a la cuantía del inmueble era de 1000 dólares, motivo que llevo a las partes, no continuar con el proceso. En base a los objetivos planteados y métodos aplicados se pudo verificar que existe vulneración de derechos como el acceso gratuito de la justicia, la tutela efectiva imparcial y expedita, vulneración al principio de seguridad jurídica que se enmarca en el respeto de la constitución, recalcando que la Constitución en su Título IX, artículos 424 y 425 nos habla de la Supremacía Constitucional, donde se resalta que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y en caso de no ser así carece de eficacia jurídica.