El abandono de la demanda que prevé el código orgánico general de procesos y los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y de propiedad

Abstract

En nuestro país la institución jurídica del abandono de un proceso se encuentra regulado en el Código Orgánico General de Procesos, pero esta institución adjetiva actualmente se aleja de su verdadera esencia, tomando un giro inesperado y negativo en cuanto a los efectos legales para las personas que proponen una acción ante el órgano jurisdiccional, ya que la declaratoria de abandono de una causa en nuestro país se da en el plazo de 6 meses cuando las partes concernientes del proceso hayan cesado en su continuación, y solo pueden acceder a la justicia respecto de la misma pretensión, una vez que hayan transcurrido 6 meses contados a partir del auto que declaró el abandono, lo cual constituye un retroceso en la reivindicación de los derechos constitucionales. El desarrollo del presente trabajo de investigación se basa en la aplicación de los siguientes métodos: inductivo-deductivo, analítico-sintético e histórico-lógico, así como las fuentes bibliográficas, documental y de campo. La técnica es el análisis del caso; el tema y el problema se enmarca a la línea de investigación aprobada por la Uniandes: Retos, Perspectivas y Perfeccionamiento de las Ciencias Jurídicas en Ecuador. El ordenamiento jurídico ecuatoriano, presupuestos históricos, teóricos, filosóficos y constitucionales. Luego de la investigación teórica práctica se cumplió con el objetivo general planteado en esta investigación, por consiguiente queda planteado el Anteproyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos que amplíe el plazo de 6 a 12 meses para que el juez pueda declarar abandono del proceso o de un recurso, que en caso de abandono de un proceso en primera instancia permitir al actor la presentación de la demanda sobre la misma causa quitando la restricción de 6 meses para presentar por segunda ocasión una nueva demanda sobre la misma pretensión, contados desde el día en que se emitió el auto que lo declaró, a fin de garantizar la aplicación de los derechos constitucionales de propiedad, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.