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dc.contributor.advisorVillamarín Barragán, Frantz Dimitri-
dc.contributor.authorAndrade Enríquez, Jessica Maribel-
dc.date.accessioned2019-06-03T13:57:52Z-
dc.date.available2019-06-03T13:57:52Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.otherTUAEXCOMMCO004-2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9935-
dc.descriptionLa promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, trajo consigo un sin número de cambios en el ámbito administrativo, respecto a las contrataciones que realiza el estado, sean estas obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, encaminadas a la búsqueda de la igualdad de derechos, tanto de personas nacionales como extranjeras, promoviendo el desarrollo equitativo y solidario en todo el territorio nacional fortaleciendo procesos de autonomías y descentralización En los procesos de contratación pública, se establecen procedimientos que deben ser cumplidos por todas las entidades estatales y sus proveedores, formalidades que una vez que ha sido adjudicado un procedimiento el proveedor o contratista tiene el término de 15 días en caso de ser persona natural o jurídica y de 30 días en caso de ser consorcio, para suscribir el contrato, trascurrido este término si no se celebrare, la entidad a través de su máxima autoridad lo declarará fallido al adjudicatario o adjudicatarios quien será inhabilitado del Registro Único de Proveedores (RUP) por el plazo de 3 años, tiempo durante el cual no podrá contratar con el estado, esta sanción puede ser impugnada únicamente ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, lo que vulnera el derecho fundamental al trabajo de la persona sancionado por cuanto no existe el principio de doble instancia administrativa en la Declaratoria de Adjudicatario Fallido, impidiendo que la sanción sea revisada antes de acudir a la administración de justicia.es
dc.description.abstractEn materia de contratación pública se ha evidenciado una problemática respecto a la sanción por adjudicatario fallido, cuya sanción únicamente puede ser revocado en instancia contenciosa administrativa, es por esta razón que el presente trabajo propone la doble instancia administrativa como una vulneración al derecho constitucional del trabajo, por cuanto los contratistas declarados fallidos no pueden contratar con el estado por el tiempo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los procesos son dinámicos, es por eso que se creó la mentada Ley, sin embargo en cuanto a las sanciones que se les impone a los fallidos, éstas no pueden ser revisadas y revocadas en menos tiempo que el establecido, siendo un trámite que lleva tiempo, el mismo que perjudica y ocasiona graves perjuicios tanto al contratista como a las personas que están bajo su dependencia y a quienes da trabajo en los distintos ámbitos en los que se desenvuelvan. Jurídicamente podrían ser las entidades contratantes mediante la doble instancia administrativa quien revea y analice las circunstancias por las cuales el contratista no firmó el contrato conforme el artículo 69 de la Ley de la materia, y por las cuales está suspendido y publicado el fallido en el sistema del SERCOP.es
dc.language.isospaes
dc.rightsopenAccesses
dc.subjectDOBLE INSTANCIA ADMINISTRATIVAes
dc.subjectDERECHO CONSTITUCIONALes
dc.titleLa doble instancia administrativa y el derecho constitucional al trabajoes
dc.typemasterThesises
Appears in Collections:Proyecto de Examen Complexivo de Magister en Derecho Constitucional

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