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Title: La ausencia de oralidad en los reclamos administrativos realizados en e servicio nacional de contratación pública (SERCOP) vulnera el debido proceso y el derecho de contradicción de la entidad contratante
Authors: Santana Acosta, Cristina Alejandra
???metadata.dc.contributor.advisor???: Valle Franco, Alex Iván
Castro Sánchez, Fernando de Jesús
Keywords: AUSENCIA DE ORALIDAD;RECLAMO ADMINISTRATIVO;DERECHO DE CONTRADICCIÓN
Issue Date: Dec-2018
Abstract: El principio de oralidad en el sistema jurídico ecuatoriano se implementó en el artículo 194 de la Constitución Política Ecuatoriana de 1998, el cual señalaba que el sistema procesal sería un medio para la realización de la justicia; que hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia; y en otro precepto, que no sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Es así que la sustanciación de procesos (que incluía la presentación y contradicción de las pruebas) debía ser llevada a cabo a través del sistema oral, en consecuencia, de los principios de concentración, dispositivo e inmediación. Como consecuencia de lo anterior, el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador detalló que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones sustanciará los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. De ahí la importancia de implementar la oralidad en todas las instancias, especialmente, en materia administrativa, ya que se debe considerar el ahorro procesal que acarrea la sustanciación de reclamos administrativos; en especial cuando se trata de procesos de la compra pública. En sí, la compra pública va más allá de satisfacer necesidades que se generen en las diferentes Carteras de Estado, Gobiernos Autónomos u otros organismos que dependan directamente del financiamiento estatal; ya que la compra pública busca más bien satisfacer de manera oportuna, ágil y participativa las necesidades que se generen en las entidades contratantes aplicando los criterios consagrados en el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador; que señala: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. (…)”.
Description: Como lo indican varias investigaciones a lo largo de la historia y en distintos países ha evolucionado la compra pública, y como no podía ser de otra manera el Ecuador evoluciona busca proteger los derechos de los proveedores del Estado su legislación previene proteger los derechos de los proveedores vulnerando a la entidad contratante lo que acarrea que los oferentes eleven sus quejas por cualquier motivo. A pesar de que Ecuador hoy en día facilita las herramientas para que los proveedores presenten reclamos, por otro lado los reclamantes lo hacen sin un motivo técnico, económico o legal que justifique su accionar frente a los procesos publicados en el Portal de Compras Públicas obviando las estrategias que utilizan los proveedores por ganar los concursos en estos procesos. En este sentido, el Servicio Nacional de Contratación Pública deja de lado las denuncias maliciosas e inmotivadas que presentan los proveedores cuando se encuentran perdiendo en dichos procesos, ya sea por falta de integridad en la oferta presentada; porque el prepuesto referencial con el que cuenta la entidad contratante no cubre el valor ofertado, o porque sencillamente no alcanzaron a presentar su oferta en la entidad contratante a tiempo, tal cual se requiere en los pliegos. Estos factores acarrean retrasos en las contrataciones y por consiguiente, se generan gastos innecesarios que terminan siendo solventados por el Estado ecuatoriano; ya que al momento en que se paraliza un proceso de contratación, se debe considerar que se está perdiendo el sueldo invertido en los servidores públicos que intervienen en esta contratación, el gasto de menaje de oficina lo que implica el proceso preparatorio, precontractual, y en mucho de los casos el contractual, y además se vulnera las garantías constitucionales estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador. La vulneración de la oralidad ante los reclamos administrativos presentados en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) acarrea el incumplimiento del debido proceso, lo que impide que se materialice el principio de contradicción entre las partes (entidad contratante y proveedor) y genera una ausencia de los preceptos legales constitucionales de la oralidad para la sustanciación en cualquier tipo de materia.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9458
Appears in Collections:Proyecto de Investigación de Magister en Derecho Constitucional

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