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Title: La constitucionalidad y la contratación pública
Authors: Salazar Bermeo, Martha Alexandra
???metadata.dc.contributor.advisor???: Jordán Naranjo, Genaro Vinicio
Keywords: CONSTITUCIONALIDAD;CONTRATACIÓN PÚBLICA
Issue Date: Dec-2018
Abstract: La justicia constitucional en contratación pública nos presenta un claro ejemplo en el que se evidencia que por reserva de ley, no es de directa e inmediatamente aplicación, conforme disposición prevista en el artículo 95 de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública debido a que restringe y de cierta forma prohíbe la interposición de acciones constitucionales en casos de Resoluciones de Terminación Unilateral de Contratos, por considerar que existen mecanismos o vías eficaces para su defensa. No obstante, la Terminación Unilateral de Contratos involucra derechos reconocidos por la Constitución y tanto la norma sectorial como el procedimiento contencioso administrativo por su temporalidad y requisitos pueden perjudicar a los Contratistas y no prestarle la atención y prioridad requerida, en especial, cuando la falta de pago oportuna y las consecuencias que genera la Terminación pueden desembocar en la quiebra de empresa y el perjuicio de los hogares que dependían de esta. Aunque la acción de protección durante los años 2009 al 2015 se consagró como un mecanismo indebidamente utilizado por muchos contratistas para detener la ejecución de Resoluciones de Terminación Unilaterales de Contratos, no es menos cierto que en el Estado ecuatoriano, los derechos y la justicia constitucional priman sobre el ordenamiento ordinario y aunque existen importantes cambios a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, la tutela constitucional es el mecanismo más rápido para cesar o evitar la vulneración de derechos y el abuso del poder de la Administración Pública en el campo de la contratación pública.
Description: La contratación pública es un área del derecho administrativo que involucra la participación por una parte del Estado a través de sus instituciones y por otra parte de un contratista, sea este persona natural o jurídica, quienes bajo condiciones previamente pactadas, buscan satisfacer el interés o necesidad gubernamental, donde el interés general prima sobre el particular y en ciertas condiciones la voluntad se deja a un costado para aplicar clausulas casi de adhesión, en las que si el proveedor no está de acuerdo simplemente no participa en el procedimiento contractual y otras que priorizarán el interés de la Administración, llamadas facultades exorbitantes, como la Terminación Unilateral del Contrato. Empero, aunque la facultad de Terminación Unilateral del Contrato sea propia de la Administración Público, aquello no implica que el proceso y la motivación vulneren los derechos del Contratista, quien desde la Constitución está amparado, a que pueda acceder oportunamente a la justicia y que el desarrollo del proceso se enmarque en los procedimientos y derechos consagrados en la Constitución y ley, es por esto que, una norma de carácter inferior aunque haya desarrollado prohibición expresa de acceso a garantías constitucionales y remisión a procedimientos y recursos en una única instancia judicial ordinaria, no puede, ni debe menoscabar el derecho fundamental al acceso a la justicia, a la defensa, al debido proceso, la seguridad jurídica y entre otros derechos constitucionales, en especial cuando históricamente, se evidencia que la vía judicial ordinaria pese a sus avances no es expedita y por lo tanto, no constituye un mecanismo oportuno y eficaz a la hora de evitar o cesar la vulneración de los derechos del contratista.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9453
Appears in Collections:Proyecto de Examen Complexivo de Magister en Derecho Constitucional

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