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Title: Análisis comparativo entre la legislación ecuatoriana y la legislación peruana respecto a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos como consecuencia de los actos de corrupción
Authors: Merino Ávila, Marcelo Patricio
???metadata.dc.contributor.advisor???: Chamorro Valencia, Diego Xavier
Keywords: ACTOS DE CORRUPCIÓN
Issue Date: Aug-2018
Abstract: El presente Proyecto de Investigación se ha desarrollado respecto a la problemática actual que representan los delitos contra la administración pública, y la normativa insuficiente vigente en el Ecuador, en relación a la sanción de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o muerte civil vigente en el Perú, sanción que se considera de gran impacto y relevancia en la sanción y combate de estos delitos, situación que vulnera los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Respecto a la metodología aplicada, el presente trabajo está inscrito dentro de la línea de investigación Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en Ecuador: Fundamentos técnicos y doctrinales de las ciencias penales en Ecuador. Tendencias y perspectivas. Para la elaboración del desarrollo y contenido se utilizaron los métodos jurídico, inductivo- deductivo, y analítico- sintético, como técnicas se aplicaron la observación, y la encuesta, con sus respectivos instrumentos.
Description: Alrededor del mundo, específicamente en Latinoamérica se ha visto una mayor incidencia en el cometimiento de delitos de corrupción en contra de los diferentes Estados que la conforman, generando grandes pérdidas económicas e inestabilidad política, obligando a la creación de mecanismos legales con la finalidad de mitigar este gran problema, si bien es cierto, cada uno de estos países ha regulado de distintas maneras estas conductas, pero en su mayoría han empleado la figura penal de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos como el medio más efectivo para erradicar este problema. La Ley Orgánica de Servicio Público vigente desde 2010 en su artículo 22 literal h estipula: “Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión”.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9105
Appears in Collections:Proyecto de Investigación de Abogado de los Tribunales de la República

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