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Title: Tentativa de asesinato y la valoración de la prueba
Authors: Gallardo Muñoz, María Fernanda
???metadata.dc.contributor.advisor???: Jordán Naranjo, Genaro Vinicio
Keywords: TENTATIVA DE ASESINATO;VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Issue Date: May-2018
Abstract: El deber del Estado ecuatoriano es velar por el fiel cumplimiento de los derechos y principios que más favorezcan al ciudadano, ya que aquello ha generado un exceso punitivo por parte de Estado frente a dicha infracción. En la teoría universal del iter criminis, la tentativa se encuentra ubicada después de los actos preparatorios pero antes de la consumación, siendo en muchos casos muy complicado diferenciarla de la figura que le antecede. Claro está existen varias teorías que nos permiten establecer un conjunto de presupuestos para la estructuración de la tentativa y deslindarla de los actos preparatorios. Es así, que, al no aplicar correctamente los criterios de valoración de la prueba, se beneficia ilegítimamente al reo, vulnerando los derechos de la víctima, puesto que en cuanto a la aplicación de los principios de conocimiento de la verdad, seguridad jurídica y debido proceso, se ha actuado erróneamente por parte del Tribunal de Garantías penales. La falta de objetividad de los administradores de justicia ha causado un daño mayor a la víctima, en vista de que el procesado no fue condenado por el tipo penal correspondiente. Con los recursos de impugnación respectivos, se propenderá a que la sentencia sea reformada en cuanto al tipo penal impuesto, o en su defecto sea declarada nula, a fin de que sea otro fiscal quien actúe la audiencia de juzgamiento considerando el tipo penal correspondiente.
Description: La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 76, reconoce sobre la tutela judicial efectiva y una justicia imparcial, expedita y sin dilaciones, aplicando el debido proceso, específicamente el Art. 11.4 que dispone “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”, así también el Estado estaría infringiendo con su más alto deber, establecido en el Art. 11.9 Ibídem, el mismo que establece; “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. En cuanto al tema que se analiza, nuestra Carta Magna señala en su Art. 66 numerales 1 y 3, literales a y b, en cuanto al derecho a la vida e integridad física, “1.- El derecho la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte” “3.- El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual…”
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8538
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