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Title: El informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado para el ejercicio de la acción penal, en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito en la legislación penal Ecuatoriana
Authors: Jurado Mogollon, Tannia Gabriela
???metadata.dc.contributor.advisor???: Narváez Montenegro, Bolívar David
Keywords: DELITO DE PECULADO;ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Issue Date: Apr-2018
Abstract: El presente trabajo de investigación aborda una problemática de actualidad en el quehacer jurídico-penal, esto es, que el Código Orgánico Integral Penal al establecer como un presupuesto de procedibilidad el informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal, emitido por la Contraloría General del Estado para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, puede ocasionar la impunidad y vulnera la seguridad jurídica. En efecto, en este trabajo se muestra -particularmente a través de la investigación de campo- como en la práctica, los informes de Contraloría, respecto a los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, pueden tardar meses y hasta años sin que el Ministerio Público pueda seguir con la investigación del proceso. Lo que ha dado tiempo a varios servidores públicos sobre los cuales recaen indicios de responsabilidad penal, a fugar, inclusive fuera del país, ocasionando la impunidad del delito; ya que, como fue mencionado en anteriores líneas, sin ese documento de Contraloría, la Fiscalía no puede procesar a los responsables de esos delitos; por lo que esta norma constituye un candado que impide una lucha efectiva contra los actos de corrupción, “más aún cuando quienes denuncian terminan siendo perseguidos”. Toda esta problemática debidamente fundamentada en el capítulo I y II del presente trabajo de investigación, dá lugar para que en el capítulo III la autora presente una propuesta que de llegar a ser considerada subsanaría el problema en mención; esto es, la elaboración de un Anteproyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que elimine como un presupuesto de procedibilidad el informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, a fin de garantizar la sanción de estos delitos y la seguridad jurídica.
Description: Desde el aparecimiento de las sociedades organizadas, los delitos concernientes a la malversación de los recursos económicos de la Administración Pública han sido objeto de sanción a lo largo de la historia. Ciertamente en Roma, que es la cuna del Derecho, existió la Ley Julia del Peculador que castigaba con la perdida de la ciudadanía y prisión a los que robaban rentas públicas. La pena se agravaba más si quien la cometía era un magistrado, siendo en este caso el castigo de muerte. Era tan difícil conseguir la ciudadanía en Roma, que los no ciudadanos que denunciaban el peculado adquirían la ciudadanía. De igual manera, casi todos los monarcas de la Edad Media castigaban con penas rígidas la malversación de fondos públicos del imperio, llegando a sancionar al culpado a penas rígidas que iban desde la muerte hasta el destierro, perdida de sus derechos y el decomiso de sus bienes. En el Ecuador, como señala Carlos Estarellas Velazquez (2017): Vicente Rocafuerte, el constructor de la República, al percatarse de la poca moralidad de los funcionarios y empleados públicos, dispuso en el Código Penal en 1837, inspirado y prácticamente dirigido por él, que constara varios artículos destinados a reprimir los malos manejos de los funcionarios y empleados públicos. En su mensaje al Congreso 1838, Rocafuerte expresa enfáticamente el siguiente pensamiento: “Una Nación que se encuentra servida por malos ciudadanos está condenada a la disolución. La Lay debe de reprimir estrictamente a la persona que por enriquecerse defrauda el interés nacional, especula con caudales públicos”. (p.98) Otro gran guayaquileño, Gabriel García Moreno, inspira el Código Penal en 1871 en el que establece una pena de tres a seis años “al empleado público o persona encargada de un servicio público que hubiere abusado dineros públicos o privado, títulos, documentos o efectos mobiliarios que estuvieren en su poder en razón de su cargo”. La disposición del Código de 1871 es una réplica del Código Belga. Recuérdese que García Moreno estudió en Francia y conoció seguramente los comentarios sobre el Código Penal Belga que era considerado el mejor y más adelantado de sus tiempos.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8145
Appears in Collections:Proyecto de Investigación de Magister en Derecho Penal y Criminología

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