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Title: El derecho a la defensa y el debido proceso
Authors: Fiallos Fiallos, Diego Rafael
???metadata.dc.contributor.advisor???: Jordán Naranjo, Genaro Vinicio
Keywords: DERECHO A LA DEFENSA;DEBIDO PROCESO
Issue Date: Apr-2018
Abstract: En el ámbito del derecho y la justicia nos encontramos con constantes cambios y reformas a las leyes, esto es debido a la evolución de la sociedad así como también a las diversas formas de defensa adoptadas por parte de los estudiosos del derecho que comúnmente no son las adecuadas así entendemos que La vulneración del derecho a la defensa afecta a la debida diligencia el debido proceso, y los derechos del procesado ya que el abuso de los derechos consagrados en la constitución y el COIP en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley y sobre todo de la Constitución en el marco del debido proceso y la garantía de los derechos lleva a que profesionales del derecho abusen de las garantía de tal forma que retardan el proceso para que cumplidos los plazos establecidos en la ley se deje sin efecto o a su vez en libertad a una persona posiblemente culpable de un delito, para lo que una solución al problema presentado es la reforma al momento de vincular a una persona podría ser en cualquier etapa del proceso antes de la etapa de juicio y de esta manera evitar argucias de posibles participantes en el cometimiento de delitos reformando de esta manera el Art. 593 del COIP.
Description: La Constitución de la República, caracterizada por corresponder a la corriente neo constitucionalista consagra principios, garantías y derechos de las personas y las obligaciones correspondientes que tiene el Estado para garantizar la seguridad jurídica. No obstante, de aquello, la ley sustantiva que, si bien es cierto guarda correspondencia con la Constitución Política del Ecuador, no plasma en su totalidad el clamor social de evitar que los delitos queden en la impunidad. Que el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus incisos segundo y tercero dicen: “Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.”. Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8100
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