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Title: El abuso de la acción de protección y su correspondiente sanción
Authors: Rosero Paz, Juan Carlos
???metadata.dc.contributor.advisor???: Navas Montero, Sonia Cleopatra
Robayo Campaña, Carlos Marcelo
Keywords: ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Issue Date: Dec-2013
Abstract: El presente trabajo investigativo tiene por objeto señalar ciertos cambios que se han producido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, la cual en su artículo 1 indica que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia; modelo que nos ha dado una connotación a nivel mundial, pretendiendo que los derechos no se queden en el papel sino que y por el contrario se cumplan. La aplicación directa e inmediata que produce la carta magna hace que se tome como base y como cúspide todas las normas en ella señaladas; describiendo y reconociendo un amplio catálogo de derechos fundamentales, los cuales constituyen límites y vínculos para la actuación del Estado en tanto y en cuanto, la organización estatal se encuentra obligada a desarrollarlos en la mayor medida de lo posible, considerando las posibilidades fácticas y la realización de los mismos, en tal virtud, para que los derechos y principios consagrados en la Constitución se conviertan en realidades, es menester el establecimiento de los mecanismos adecuados para la materialización de los mismos; al efecto se han creado distintos tipos de garantías, por medio de las cuales los administrados podemos concurrir ante las autoridades competentes con el objeto de detener, evitar y reparar las violaciones de derechos. Uno de estos mecanismos es la acción de protección, cuyo objeto es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos constitucionalmente ante las violaciones procedentes de actos u omisiones de las autoridades públicas no judiciales, o de particulares cuando se trate de servicios públicos impropios, cuando exista una relación de subordinación o situación de discriminación.
Description: La historia ecuatoriana nos lo ha venido demostrando que una constitución no es más que el mero reflejo de la visión política de turno y que por ende no están hechas para permanecer en el tiempo, sino por el contrario, responden a las necesidades y características propias de un contexto político determinado, la Función Judicial no se ha aislado de ésta misma tónica y es por ello que en la actualidad encontramos una serie de transformaciones que no hacen más que confirmar la regla. La Constitución de la República, acorde con el nuevo modelo de Estado que rige al Ecuador, a partir del 2008 implementó la nueva acción de protección, como garantía jurisdiccional de derechos constitucionales, que a diferencia de la acción de amparo aparece como un proceso de conocimiento, declarativo, ampliamente reparatorio y no residual1; deja de ser una garantía cerrada, inherente a un Estado Liberal, que admitía ser activada únicamente por el titular del “derecho subjetivo”2, su legitimación es abierta y permite la interposición por parte de terceros o por cualquier persona, es así que se convierte en una garantía compatible con un régimen garantista, que guarda armonía y concordancia con el modelo del Estado Constitucional de Derechos. En el estado legislativo la única fuente del derecho es la ley, las demás que puedan invocarse sirven de complemento a la principal, lo cual asegura la materialización de la seguridad jurídica; por su parte el estado de derechos multiplica los sistemas jurídicos y las fuentes de los derechos, de este modo reconoce otros varios derechos además del producido por la función legislativa.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4528
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