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Title: Los adultos mayores y el derecho al buen vivir
Authors: Rivas Loor, María de Lourdes
???metadata.dc.contributor.advisor???: Robayo Campaña, Carlos Marcelo
Keywords: ADULTO MAYOR
Issue Date: Jul-2016
Abstract: En el Ecuador existe la necesidad de iniciativas positivas en cumplimiento de los derechos de la población adulta mayor, orientados a su protección integral como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador. La investigación está relacionada a las personas de la tercera edad y el derecho al buen vivir, con la visión de cumplir y hacer cumplir los derechos de este grupo poblacional que se ve afectada por funcionarios o representantes jurídicos que cometen actos que atentan sus derechos. Las realidades sociológicas que son analizadas permiten establecer que la legislación que pretende proteger a los adultos mayores peca de debilidad sancionadora en caso de las diversas formas de violación. De manera particular considera que la enumeración de infracciones y de posibles infractores y las correspondientes infracciones no guardan armonía puesto que la ley establece las indicadas sanciones sólo para los empleados públicos, siendo que en la enumeración de las infracciones, se dan situaciones que no corresponden al servicio público, sino a la relación del anciano con su entorno familiar. Este grupo de atención prioritaria, por su edad y limitaciones es discriminada, es deber del Estado realizar cambios jurídicos, a través de la propuesta y que se sancione a quienes atenten los derechos de las personas de la tercera edad, siendo el objetivo general un avance positivo en el proceso de reconocimiento y ejercicio de los derechos de esta población.
Description: Las personas adultas mayores son reconocidas en la Constitución como parte de los grupos de atención prioritaria. El artículo 35, les garantiza la "atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado". E artículo 37, ordena al Estado garantizar a los adultos mayores "el trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones". El sentido de este artículo, a todas luces justo, es el de promover la contratación laboral remunerada de los adultos mayores, en muchos casos discriminados por su edad. E, indirectamente, recuperar para el país el bagaje de experiencia y conocimiento, la sabiduría de tantos ecuatorianos. En modo alguno desalentar su futuro laboral. Y no lo podía hacer pues el artículo 33 de la Constitución, en el capítulo del buen vivir, define al trabajo como "un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía". Advierte, con buen juicio, el valor del trabajo para todo ser humano. Y, finalmente, en el artículo 85 la Constitución explicita la prevalencia de los "derechos constitucionales" como una protección frente a políticas públicas o a la prestación de bienes o servicios que pudieran vulnerar o amenazar esos derechos. Y, casualmente, son derechos constitucionales los de los adultos mayores. Sin embargo, y a pesar de este arsenal de regulaciones de la carta fundamental, la norma está siendo desechada por funcionarios que manipulan y violentan a esta población de personas sobre sesenta años de edad, dentro de las cuales se pueden encontrar a muchas que carecen de familia y recursos económicos mínimos para su subsistencia, hallándose en estado de abandono y vulnerabilidad, representa un desafío que debe ser asumido desde las diversas fuentes involucradas, entre las más importantes tenemos al Estado, la familia y la sociedad en general.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4280
Appears in Collections:Proyecto de Investigación de Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil

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