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Title: La administración y enajenación de los bienes de menores, la autorización judicial, contradicción y prueba
Authors: Concha González, Miriam Janeth
???metadata.dc.contributor.advisor???: Robayo Campaña, Carlos Marcelo
Keywords: Bienes Menores;Autorización Judicial
Issue Date: Jul-2016
Abstract: El sistema procesal civil ecuatoriano no contiene normas procedimentales para solicitar y otorgar la autorización judicial para enajenar e hipotecar los bienes raíces del menor de edad lo que atenta a la seguridad jurídica. En la actualidad, los menores de edad no sólo deben ser sujetos de protección, sino sujetos de derechos, derechos que están enmarcados en la Constitución dichos derechos son la vida, la integridad física, la seguridad social, además los derechos consagrados en las leyes y en los tratados internacionales, pero lo más destacado es que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, con lo cual se consagra el llamado “Principio del Interés Superior del Niño” por lo que desde todo punto de vista, la legislación procesal civil debería establecer la norma procedimental correspondiente que conlleve al respeto del derecho de propiedad a favor del menor tal como lo determina la Constitución. En los métodos utilizados tenemos el inductivo - deductivo, histórico – lógico, analítico – sintético enmarcándose en la línea de investigación: “Administración de Justicia”, aprobada por la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”. El resultado de la investigación garantizará la seguridad jurídica estableciendo normas procedimentales para la solicitud y autorización judicial de hipotecar o enajenar bienes raíces de propiedad del menor de edad.
Description: Se ha investigado trabajos referente al tema de investigación, y todos coinciden que debe existir una norma procedimental que regule la venta, traspaso o donación de los bienes de los menores de edad , que muchas veces han quedado desprotegidos, por lo que como antecedentes de investigaciones tenemos: En el mes de mayo del año 2008, Cristóbal Pinto Andrade realizó una investigación en España en el año 2008 y arriba a las siguientes conclusiones: Primero.- La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el Capítulo III del Título I, los principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores. Esta necesidad ha sido compartida por otras instancias internacionales. Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha llevado a cabo, en los últimos años, un importante proceso de renovación de nuestro ordenamiento jurídico en materia de menores.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4277
ISSN: PIUAMDC006-2016
Appears in Collections:Proyecto de Investigación de Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil

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