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Title: El apremio personal a los demandados subsidiarios en los juicios de alimentos, afectaciones al principio de personalidad de la pena y a los derechos de libertad y tutela efectiva, corresponsabilidad del estado en la protección del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la prestación alimentaria: medidas alternativas
Authors: Gamboa Ugalde, Alex Bayardo
???metadata.dc.contributor.advisor???: Navas Montero, Sonia Cleopatra
Ávila Linzan, Luis Fernando
Keywords: Apremio Personal;Juicio de Alimentos;Tutela Efectiva;Prestación Alimentaria
Issue Date: Dec-2014
Abstract: Esta investigación recorre una realidad social y familiar que se presenta en los operadores de justicia de la Unidad Judicial de Familia del cantón Riobamba, en la sustanciación de los juicios de alimentos, al momento de aplicar la norma que efectiviza y garantiza el derecho a la prestación alimentaria de los niños, niñas y adolescentes. La premisa principal es poner en evidencia el garantismo constitucional de varios derechos de las personas, entre ellos, el derecho a la prestación alimentaria, debido a que la norma que lo desarrolla, en su afán de garantizarlo, no toma en cuenta la corresponsabilidad fijada por el mismo Estado para la defensa y cumplimiento de este derecho; esto es, la corresponsabilidad Estado-Sociedad-Familia. Se observará en el desarrollo que la carga para el cumplimiento de este derecho únicamente la tiene la familia, a través del padre o madre, que son los obligados principales; luego los abuelos del niño (titular del derecho); sus hermanos que hayan cumplido 21 años y que no padezcan alguna discapacidad o carezcan de recursos propios y suficientes para su subsistencia; sus tíos/as; pero la corresponsabilidad del Estado se ha quedado en ordenar, a través de la norma, la limitación de la libertad de todos los sujetos mencionados, cuando la deuda no se satisface. Haremos un recorrido teórico sobre los derechos fundamentales bajo el nuevo enfoque del garantismo constitucional, pasaremos revista a las normas que regulan el derecho de alimentos en nuestro país, las formas para cobrar las pensiones cuando no son cubiertas; hasta llegar a fundamentar que en un Estado constitucional de derechos, todos los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; por tanto, la idea de sacrificar un derecho para proteger otro, bajo el nuevo paradigma constitucional, es errada. Finalmente, luego de fundamentar la propuesta, de comprobar los objetivos y las ideas planteadas, aportaremos opiniones con posibles medidas alternativas que aseguren la cobertura de la pensión alimenticia y la libertad de los demandados subsidiarios en los procesos de alimentos.
Description: Hasta hace unos cinco años, se fijaban en el país pensiones alimenticias de $10 dólares. Sí. Y además, esas cantidades irrisorias no eran pagadas por los alimentantes, principalmente porque no existían mecanismos legales idóneos para exigir su pago. En el desarrollo de este trabajo veremos cómo el derecho a la pensión alimenticia ha ido avanzando en nuestra legislación, logrando su cobertura, hasta llegar a una norma tan garantista, que por cubrirlo, -a nuestro criterio- ha traspasado la línea de protección social del derecho de alimentos, ha transgredido el principio básico de personalidad de la pena e incluso afecta al derecho de libertad de personas ajenas a la relación parento-filial. Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño realizada por el Ecuador en febrero del año 1990, inicia un largo proceso de discusión y de reconocimiento normativo de los derechos de los niños y adolescentes en nuestro país. El proceso empezó con la aprobación del Código de Menores en agosto del año 1992, pasó por las reformas constitucionales de 1993, 1997 y 1998, el Código de la Niñez y Adolescencia de 2003, hasta llegar a la Constitución de la República del año 2008, de origen garantista, la que no solamente ha reconocido a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino que también les ha titularizado en el ejercicio y goce de sus derechos, y no solo de aquellos, sino también en todos los derechos comunes al ser humano1. Han sido ubicados como uno de los grupos de atención prioritaria2, consagrando sus derechos, los principios de aplicación de los mismos y sus garantías en los artículos 44, 45 y 46. Arribada la época del garantismo, de la protección integral y promoción del ejercicio pleno de sus derechos, se ha establecido, como un mecanismo de ejecución, la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para lograr su efectivo cumplimiento; incorporando en la administración pública y en la legislación el principio de interés superior, según el cual, sus derechos pueden prevalecer sobre los de las demás personas3. Esta corresponsabilidad del Estado –en la nueva perspectiva constitucional- es una labor comprometedora, que en Constituciones como la nuestra tiene suficiente respaldo; pues en los modelos garantistas, la concepción teórica Art. 44 Constitución de la República del Ecuador de 2008 acerca del derecho va más allá del enunciado normativo; a decir de Miguel Carbonell, “éstas Constituciones no sólo ofrecen la perspectiva de protección de los derechos fundamentales a través del poder del Estado, sino que ofrecen rutas de navegación de hacia dónde debe ir el Estado en este propósito”
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3169
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