Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/199
Title: Criterios jurisprudenciales para la proporcionalidad de la caución en materia tributaria
Authors: Montero Tamayo, Victoria Adelina
???metadata.dc.contributor.advisor???: Ávila Linzan, Luis Fernando
Navas Montero, Sonia Cleopatra
Keywords: Criterios Jurisprudenciales
Issue Date: Mar-2015
Abstract: El tema escogido para la presente investigación, se refiere a los criterios jurisprudenciales para la proporcionalidad de la caución en materia tributaria; tema de actualidad por la vigencia de la norma que prevé el pago de una caución para poder demandar la legalidad de actos administrados tributarios ante los jueces especializados. Como lo hemos evidenciado en las investigaciones realizadas, alrededor del 7% de los juicios presentados al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario son archivados anualmente por no presentar caución, lo que ocasiona la vulneración de sus derechos. La Corte Constitucional en noviembre del 2010, en las sentencias que conoció sobre la consulta de inconstitucionalidad de la norma tributaria, determinó que la Asamblea Nacional debía proceder a su reforma. En vista de que la Asamblea Nacional a pesar del tiempo transcurrido desde la sentencia de la Corte Constitucional no ha procedido a reformar la norma, era necesario que se creara una alternativa válida para que el sujeto pasivo pueda en base a su capacidad económica presentar esa caución, alternativa que la analizamos en el presente estudio. La modalidad de investigación que se ha utilizado es la cualitativa porque se ha utilizado métodos con predominio teórico, inductivo, deductivo, histórico lógico. El resultado alcanzado consiste en un documento de análisis crítico que sirva a la Asamblea Nacional para que pueda viabilizar con mejores argumentos jurídicos la reforma normativa.
Description: El trabajo de investigación se relacionó al campo del derecho tributario, a los derechos de los contribuyentes y en especial las garantías constitucionales de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, principios mayormente desarrollados por la corriente doctrinal del neoconstitucionalismo. En consecuencia es preciso tomar como base de esta investigación el caso del señor Héctor Alonzo Tacoamán Jaque, oriundo de Píllaro, Provincia de Tungurahua. Su actividad económica era la venta de productos agrícolas a los centros comerciales de Quito y Guayaquil y para ello, adquiría las cosechas de su familia y vecinos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) le había notificado en el año 2007 con sendas Comunicaciones por Diferencias en su Declaración de Impuesto a la Renta por los ejercicios económicos 2003, 2004 y 2005, debiendo pagar la suma de impuesto de $ 31.473,92; $ 38.185,00 y $ 38.185,48 respectivamente más los intereses y multa del 20% sobre el principal. El señor Tacoaman a través de su abogado impugnó en sede administrativa el acto determinativo, más el SRI en la resolución, ratificó los valores determinados. Entonces, el señor Tacoamán interpuso demanda de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, solicitando que se deje sin efecto el acto administrativo determinativo y se tome en cuenta los gastos que ocasionaron la generación del ingreso gravado. Le correspondió el conocimiento de la causa a la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal en la ciudad de Quito, y como primera providencia dispuso que se cumpla, en el término de 15 días, con el pago de la tasa judicial y con la caucionar con el 10% del total de la cuantía a fin de poder calificar la demanda. El 10% de la cuantía significaba la suma de $. 17.813,00 valor que el señor Tacoamán, no pudo consignar, por tal razón, la Sala en cumplimiento del artículo innumerado agregado posterior al artículo 234 del Código Tributario, declaró como no presentada la demanda y ordenó su archivo con la consecuente declaratoria de acto firme y ejecutoriado de los actos administrativos impugnados. Resultado de la providencia judicial, el funcionario ejecutor del SRI inició el proceso coactivo No. RC1-068-2010, para el cobro de la obligación tributaria más los intereses y multas respectivas; y, como medida precautelar dispuso la retención de fondos en todas las instituciones financieras en las que el contribuyente tuviera cuentas; la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles a nivel nacional; la prohibición de ausentarse del país y la retención de fondos de todos los proveedores que pudieran mantener cuentas por pagar a favor del coactivado señor Tacoaman. A este proceso coactivo interpuso excepciones, cuyo conocimiento radicó en la Quinta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal de Quito, que en primera providencia ordenó completar la demanda y caucionar el 10% de la cuantía. El señor Tacoaman una vez más estuvo en imposibilidad de caucionar el valor ordenado, disponiendo nuevamente la Sala el archivo de la causa y la prosecución del proceso coactivo. Han transcurrido cuatro años desde el inicio del proceso coactivo y en el sistema informático del SRI, el señor Tacoaman registra una deuda firme de $ 233.378,12, que aún no han podido ser cobrada. En el caso analizado, como en muchos otros, se aplicó la nueva normativa tributaria que se fundamentó en el principio de “solve et repete” que significa, pague primero para reclamar, principio administrativo que fue superado hace mucho tiempo en nuestra legislación, como procedo a detallar en líneas posteriores. En nuestro país, mediante Ley de Emergencia de 30 de marzo de 1959, durante la presidencia del Dr. Camilo Ponce Enríquez, se creó el primer Tribual Fiscal del Ecuador obedeciendo a la necesidad de “garantizar a los contribuyentes la justicia fiscal en el trámite y resolución de los reclamos que formulen por fiscalizaciones, estimaciones de oficio de la materia imponible y las consiguientes resoluciones que se dictan en el proceso administrativo”, según reza la exposición de motivos presentada por el Ministro del Tesoro de entonces.1 Así fue como Ecuador se convirtió en el segundo país, en Latinoamérica, después de México, en crear el Tribunal Fiscal en defensa de los derechos de los contribuyentes, considerando en su estructura jueces especializados en temas tributarios, lo que determinó un significativo avance doctrinario- legal para los países de nuestro entorno. Esta iniciativa fue alabada por varios países porque era verdaderamente innovadora frente al desmesurado poder del estado. A decir del Dr. José Vicente Troya Jaramillo, la creación del Tribunal Fiscal, obedeció a que se consideró un imperativo indispensable para garantizar los principios básicos de legalidad, igualdad y generalidad en que se fundamentaba, hasta entonces, el régimen tributario de un Estado de Derecho. El segundo paso significativo de garantía de respeto a los derechos del contribuyente constituyó la emisión del primer Código Tributario, el cual fue expedido en diciembre del año de 1975, documento que fue elogiado por varios connotados autores tributarios, de renombre internacional, pues contenía muchas normas de avanzada de reciente vigencia en América Latina. Los comentarios más favorables que recibió el nuevo Código Tributario Ecuatoriano, fueron los emitidos en las “Sextas Jornadas Luso Hispano-Latinoamericanas” realizadas en 1976 en la ciudad de Pamplona España, pues consideraba como uno de sus principales aciertos, la de abolir la figura de “solve et repete” que consistía en pagar primero la obligación tributaria para luego poder recurrir en vía judicial a la discusión de su legalidad, constituyéndose en uno de los primeros países en recoger en su ordenamiento jurídico el derecho del contribuyente de acceder a la tutela judicial sin ningún tipo de caución. 1 Ley de Creación del Tribunal Fiscal en Jornadas por los 50 años del Sistema Especializado de Justicia Tributaria en el Ecuador.- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Subsecretaría de Derecho Normativo.- Quito, Ecuador-2011 Desde su promulgación el Código Tributario, se mantuvo sin reformas por once años consecutivos, lo que permitió tener seguridad jurídica pues siendo como es, el tema tributario tan especializado y con afectación al patrimonio de los contribuyentes, resulta de vital importancia mantener un régimen impositivo sin mayores cambios, de tal suerte que permita al contribuyente conocer sus derechos y obligaciones impositivas y poder adecuarse a ellas en razón de su bienestar económico. Pero, lamentablemente, a partir del año de 1986 y hasta la presente fecha, el Código Tributario ha sufrido más de cuarenta reformas.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/199
Appears in Collections:Magister en Derecho Constitucional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TUAMDC016-2015.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2013  Duraspace - Feedback