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Title: La audiencia de los beneficios penitenciarios frente al principio de celeridad procesal
Authors: Guato Llerena, Edison Patricio
???metadata.dc.contributor.advisor???: Jordán Naranjo, Genaro Vinicio
Keywords: BENEFICIO PENITENCIARIO;CELERIDAD PROCESAL
Issue Date: Nov-2019
Abstract: La Constitución de la república del Ecuador en el Art. 424 señala: La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Toda persona tiene el derecho a ser oído en una audiencia y debido proceso legal, para ejercer su defensa, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. El artículo 230 COIP, determina que en las poblaciones donde exista un centro de rehabilitación social debe nombrarse, al menos, un juez de garantías penitenciarias, quienes tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de las personas privadas de libertad (PPL) para resolver las impugnaciones del régimen penitenciario; otorgar la ubicación de regímenes semiabierto y abierto. El trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es oral y público, para lo cual se notificará a las partes y se citará a los testigos y peritos a la audiencia. La persona privada de libertad o su defensora o defensor podrá presentar cualquier petición, reclamación o queja relacionada con la ejecución de la pena o la vulneración de sus derechos de acuerdo al Art. 670 del Coip, pero no indica la fijación del dia para la audiencia, lo cual conlleva a que sea determinado por el Juez de garantías penales a su discreción, lo cual vulnera el principio de celeridad procesal en los tramites de los privados de la libertad.
Description: Tradicionalmente, el sector justicia se ha compuesto por una serie de instituciones con roles definidos en lo jurisdiccional, pero con funcionamiento administrativo inconexo y pugnas internas por poder y protagonismo. Ahora, la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial proponen concebir al sector como un sistema que responde a un fin común, el de garantizar a la población el derecho a una justicia de calidad. El Sistema Judicial sufre serias deficiencias surgidas de la incapacidad de atender la demanda ciudadana. Esto se debe principalmente a carencias institucionales y brechas de desarrollo existentes entre sus organismos y a la desarticulación del sistema en el territorio. El artículo 23 de la Constitución menciona expresamente al debido proceso” (número 27) entre los derechos que el Estado garantiza a toda persona. Adicionalmente, el artículo 24 enuncia las garantías básicas que han de observarse “para asegurar el debido proceso”. Es la primera vez que una norma constitucional ecuatoriana emplea la expresión “derecho al debido proceso”; Según el texto constitucional, el concepto de debido proceso no se reduce a la aplicación de las garantías enumeradas por el artículo 24, puesto que tal enumeración se hace “sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia”.
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Appears in Collections:Proyecto de Examen Complexivo de Abogado (a) de los Tribunales de la República.

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