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Title: El juez de garantías penitenciarias y el principio de celeridad
Authors: Meza Espín, Jorge Marcelo
???metadata.dc.contributor.advisor???: Jordán Naranjo, Genaro Vinicio
Keywords: GARANTÍA PENITENCIARIA;PRINCIPIO DE CELERIDAD
Issue Date: Jul-2019
Abstract: La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 201 en su parte pertinente establece que: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.” Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se crean los juzgados de Garantías Penitenciarias. El artículo 230 COIP, determina que en las poblaciones donde exista un Centro de Rehabilitación Social debe nombrarse, al menos, un Juez de Garantías Penitenciarias. Estos representantes de la Función Judicial tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de las personas privadas de libertad (PPL) para resolver las impugnaciones del régimen penitenciario; otorgar la ubicación de regímenes semiabierto y abierto. Los Jueces de Garantías Penitenciarias no se han elegido, a pesar de estar contemplados en la normativa ecuatoriana; y el Consejo de la Judicatura precisa que dentro de las unidades judiciales multicompetentes, los jueces de garantías penales son competentes para tomar la materia de garantías penitenciarias en las cabeceras cantonales del lugar donde se encuentre un centro de rehabilitación social, ya que éstos jueces están especializados en garantías penitenciarias y así está cubierto el servicio; por lo tanto esta carga procesal fue concedida a los Jueces de Garantías Penales; quienes debido a la cantidad de procesos a su conocimiento demoran en la tramitación de los beneficios penitenciarios de los privados de la libertad, vulnerando así el principio de celeridad procesal y los derechos de éstos como grupos de atención prioritaria.
Description: La Constitución de la República del Ecuador, señala que el país es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y manifiesta de manera expresa que el primer principio es el respeto a la dignidad del ser humano. Se considera a las personas privadas de libertad como grupos que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10078
Appears in Collections:Proyecto de Examen Complexivo de Abogado (a) de los Tribunales de la República.

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